Ninguna sociedad elige el momento exacto de sus encrucijadas. Venezuela llegó a esta transición sin ensayo previo, empujada por acontecimientos que se precipitaron más rápido de lo que cualquier hoja de ruta habría aconsejado. Y ahí radica el primer riesgo: confundir el alivio del cambio con la consolidación de un orden democrático.
Las transiciones exitosas tienen algo en común: construyen reglas antes de repartir poder. Definen quién arbitra, cómo se compite y qué garantías protegen a quienes pierden. Saltarse ese andamiaje en nombre de la urgencia suele cobrar factura más adelante, cuando las expectativas chocan con la realidad de instituciones todavía frágiles.
La democracia no es un acontecimiento; es una rutina que se repite hasta volverse costumbre.
El país enfrenta una tentación comprensible: dar por resuelto lo que apenas comienza. Pero la reconciliación no se decreta, y la confianza —destruida durante años— se reconstruye con hechos verificables, no con anuncios. Liberar presos, abrir mercados o restablecer vuelos son pasos necesarios; ninguno equivale, por sí mismo, a una democracia en funcionamiento.
Quizás la mayor responsabilidad de esta etapa no recaiga en quienes gobiernan, sino en una ciudadanía que debe exigir reglas claras sin dejarse arrastrar por la euforia ni por el miedo. La historia reciente enseña que los atajos, en política, casi siempre terminan siendo el camino más largo.
