La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional en febrero, había sido recibida como un punto de inflexión. Su objetivo declarado era cerrar un capítulo de detenciones vinculadas al conflicto político. La suspensión de su aplicación, decidida semanas después, dejó el proceso a medio camino.
Un limbo para las familias
Para los familiares de quienes permanecen detenidos, la marcha atrás supuso volver a la incertidumbre. Las organizaciones que acompañan estos casos describen un cuadro de expedientes congelados, audiencias pospuestas y comunicación errática con las autoridades.
No pedimos un favor, pedimos que se aplique una ley que ya fue aprobada.
El dilema del gobierno
La administración de transición enfrenta presiones cruzadas: avanzar en las liberaciones como gesto de apertura, o frenarlas ante temores de seguridad y resistencias internas. Cada decisión en este terreno se lee como una señal política sobre el alcance real del cambio.
Las voces de derechos humanos insisten en un principio básico: la libertad no debería depender de la coyuntura, sino del debido proceso. Mientras la amnistía siga suspendida, advierten, el país arrastrará una deuda pendiente con quienes esperan, todavía, una respuesta.
